El último informe de la FAO dice que 854 millones de personas pasan hambre en el mundo y
esta situación no se debe precisamente a la escasez de alimentos, ya que habría suficientes incluso para engordarlas. Pero la liberación del comercio agrícola, ganadero y pesquero internacional ha llevado a cabo acciones que no aseguran el derecho humano a la alimentación. La producción, distribución y consumo de alimentos se ha convertido en una actividad económica para el capital y no para satisfacer necesidades humanas básicas de alimentación. La concentración de la actividad agropecuaria en unas pocas empresas transnacionales ha aumentado la dependencia de los pueblos y la inseguridad alimentaría.
Desde la colonización se ha ido consolidando una modelo agroindustrial basado en los
monocultivos para la exportación de alimentos. Con la excusa de la necesidad de aumentar la
producción de alimentos para terminar con el hambre en el mundo se ha intensificado el uso de
fertilizantes y plaguicidas químicos. En los años 60 se realizo la llamada “Revolución Verde”, este
concepto hace referencia al proceso de contaminación y esterilización de las semillas con el
consiguiente exterminio de las formas tradicionales de cultivo de muchos pueblos. En lo referente
a la producción cárnica, esta se ha basado en la alimentación intensiva de animales y el
cruzamiento de razas de alto rendimiento suponiendo la pérdida de la diversidad autóctona. Para
continuar con este proceso histórico de inseguridad alimentaría, el cultivo de organismos
modificados genéticamente, las patentes sobre seres vivos y los agro combustibles son los
procesos que más se han intensificado en los últimos tiempos.
Estas actividades tienen efectos perversos sobre la población mundial y son llevadas a cabo con el
aval de organismos internacionales como El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y
la Organización Mundial del Comercio. Contradiciendo así los numerosos documentos existentes
que aseguran el derecho de las personas a una alimentación básica y saludable. Ya desde 1948, La Declaración Internacional de derechos Humanos expone en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad”.
Pero el hecho de que un derecho este recogido en un documento oficial o legislado en los
ordenamientos jurídicos de los distintos países no quiere decir que se materialice en la realidad.
Para ello es necesario que los gobiernos concreten medidas que hagan efectivos los derechos
recogidos en las legislaciones.
Esto es lo que desde los años 90 han ido reclamando numerosos movimientos campesinos apoyados por muchas organizaciones no gubernamentales. En 1996 el movimiento internacional de campesinos, Vía Campesina, propuso un nuevo modelo político, ético, económico, social, cultural y medio ambiental para terminar con el hambre en el mundo y la mal nutrición: LA SOBERANÍA ALIMETARIA. Esta se define como: “el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir sus propias políticas ecológicamente sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando su derecho a una alimentación nutritiva, segura y culturalmente apropiada y a un medio ambiente sano, sin dumping, (término que define el fenómeno que consiste en incentivar, a través de subvenciones, la producción agropecuaria para la exportación, lo que supone que se vendan productos alimentarios en otros mercados por debajo de los costes de producción en el lugar de origen, lo que afecta muy negativamente a las economías locales), frente a países terceros y con pleno acceso a la tierra, al agua y a las semillas. Estas políticas deben tener como base la pequeña y mediana producción, respetando la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y comercialización agropecuaria y de gestión de los espacios rurales, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental”.
La soberanía alimentaría es una propuesta para erradicar la desigualdad estructural, para terminar con los estados de dominación que sufren muchos países, en definitiva una propuesta para intentar un mundo justo. Para ello es necesaria la participación real y activa de la población ya que pretende el emponderamiento de la misma, por eso, es necesario llevarla a cabo desde los planteamientos de la Educación Popular. Esto significa que las personas deben ser conocedoras de su realidad, críticas con ella, autónomas y capaces de transformar su entorno inmediato, de esta manera se logra la capacidad de decisión de las personas en los temas que conciernen a la vida diaria.
La Soberanía Alimentaría supone un posicionamiento claro ante distintitos hechos políticos,
sociales, económicos, culturales y ecológicos. Se declara en contra de el modelo de desarrollo
neoliberal manejado por las grandes empresas transnacionales, una población pasiva que no
participa en las decisiones políticas y que estas le son impuestas. La soberanía alimentaría también tiene en cuanta la visión de género, con lo que rechaza la marginación de la mujer. Está en contra de la privatización y explotación descontrolada de los recursos naturales y obviamente de la contaminación, del empleo de máquinas y tecnologías agresivas con el medio ambiente. En contra de la biopiratería, la patente sobre seres vivos y la comida basura. Rechaza la ingerencia despiadada de organismos como el FMI, BM, OMC o el PAC y por último, el uso de alimentos como un arma de dominación de los pueblos.
Información extraida de ACSUR. Las segovias.
"Los proyectos de cooperación en la construcción de la Soberanía Alimentaria".
